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Familia · Pensión de alimentos

¿Qué valor legal tiene el acta de conciliación sobre alimentos?

El acta con acuerdo conciliatorio constituye título ejecutivo. Esto no significa que todo texto incluido en un acta pueda ejecutarse de cualquier manera: la obligación debe ser cierta, expresa y exigible.

Respuesta revisada

Orientación jurídica general

Publicación revisada el 30 de octubre de 2026 con legislación peruana y fuentes oficiales. No sustituye la calificación del expediente ni una asesoría sobre hechos y documentos particulares.

01

Cuándo el acuerdo puede exigirse judicialmente

El artículo 18 de la Ley N.° 26872 dispone que el acta con acuerdo conciliatorio constituye título ejecutivo y que los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles se ejecutan mediante el Proceso Único de Ejecución.

En alimentos, una redacción útil debe permitir identificar el monto o prestación, la persona obligada, el alimentista, la fecha de inicio, la periodicidad, el vencimiento y el medio de cumplimiento. Las fórmulas vagas dificultan determinar qué se debe ejecutar.

02

El acta debe cumplir requisitos legales

El artículo 16 regula el contenido obligatorio del acta. Cuando existe acuerdo total o parcial, este debe consignarse de manera clara y precisa. El abogado del Centro verifica la legalidad de los acuerdos adoptados.

La copia certificada entregada al concluir el procedimiento debe conservarse. Si posteriormente se alega incumplimiento, corresponderá evaluar la obligación concreta, su exigibilidad, los pagos efectuados y la vía procesal aplicable.

  • El acuerdo total resuelve todas las controversias comprendidas y aceptadas por las partes.
  • El acuerdo parcial solo resuelve los puntos expresamente acordados.
  • Si no existe acuerdo, el acta acredita esa forma de conclusión, pero no crea una obligación alimentaria consensuada.
03

Qué no hace el acta

El acta no reemplaza por sí sola la evaluación judicial de hechos distintos a los acordados ni autoriza a renunciar al derecho de pedir alimentos. Tampoco permite afirmar que todo incumplimiento produce automáticamente una consecuencia penal: cualquier responsabilidad requiere revisar los hechos, la obligación vigente y el procedimiento legal correspondiente.

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