¿Basta demostrar un incumplimiento para obtener una indemnización en un contrato público?

El incumplimiento debe vincularse con una obligación concreta

Debe identificarse si existió inejecución total, cumplimiento parcial, tardío o defectuoso y qué cláusula o deber jurídico fue afectado. También se revisan la asignación de riesgos, las actuaciones de ambas partes y las causas no imputables previstas por el artículo 1317 del Código Civil, en cuanto sea compatible con el régimen público.

Un desacuerdo técnico o una modificación válida del contrato no constituye por sí mismo incumplimiento indemnizable. La calificación depende de los documentos y de la normativa aplicable al contrato concreto.

• Obligación específica y estándar de cumplimiento.
• Acto u omisión comprobado.
• Imputación y asignación contractual de riesgos.
• Causas no imputables o conducta concurrente.

El daño y la causalidad necesitan prueba independiente

El artículo 1331 señala que la prueba de los daños y de su cuantía corresponde al perjudicado. No basta probar que la otra parte incumplió: debe demostrarse qué perjuicio produjo ese hecho y por qué no proviene de otra causa.

El artículo 1321 limita el resarcimiento al daño emergente y lucro cesante que sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Las expectativas especulativas, los montos redondos y los porcentajes sin sustento no reemplazan la prueba causal y económica.

• Daño cierto y concepto jurídicamente resarcible.
• Causalidad inmediata y directa.
• Periodo, documentos y fórmula de cálculo.
• Ausencia de duplicidad con otras consecuencias económicas.

La conducta del perjudicado puede afectar el resarcimiento

Los artículos 1326 y 1327 del Código Civil contemplan la concurrencia de la conducta del acreedor y los daños que pudieron evitarse con diligencia ordinaria. Su aplicación en contratación pública exige compatibilidad con las normas especiales y con los hechos acreditados.

En conciliación, las partes pueden contrastar responsabilidad y cuantía, pero el acuerdo de la entidad requiere rigor técnico y evaluación de costo-beneficio. No puede usarse para eludir una exclusión legal, reconocer un daño inexistente o duplicar penalidades, intereses y resarcimientos.